Por: Mario R. Cancel & Mayra Rosario Urrutia

En los albores de la Primera Guerra Mundial y tras muchos intentos de reforma de la carta orgánica, el Congreso aprobó la Ley Jones en 1917. Los reclamos de los puertorriqueños fueron atendidos parcialmente. El hastío del Comisionado Residente, Luis Muñoz Rivera, que moriría antes de la aprobación de la Ley Jones era patente ante la apatía congresional. La nueva carta orgánica, retuvo el puesto del gobernador norteamericano nombrado por el Presidente. Creó un Senado deslindado de funciones ejecutivas y de elección popular. La ciudadanía norteamericana sustituyó a la puertorriqueña en un momento en que Estados Unidos se adentraba en un conflicto mundial que exigía la lealtad de los puertorriqueños. La isla continuaba siendo un punto estratégico fundamental. Contrario a la Foraker, la Ley Jones contenía una carta de derechos para los puertorriqueños y una cláusula, sujeta a la votación popular, que proponía la prohibición del alcohol para la Isla. Esta medida fue ratificada por los electores en un referéndum celebrado en 1917. Mas la Ley Jones mantuvo intacto el estatus colonial de Puerto Rico. Tal y como habían ratificado los casos insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos, pero no era parte de la nación. La palabra final, la tendría el Congreso. No sería hasta 1947 que aprobaría el derecho de los puertorriqueños a elegir a su gobernador.

La prohibición del alcohol 1918-1934

La implantación acelerada del capitalismo agrario, el nuevo marco de subordinación política, la expansión del protestantismo, la proletarización de los trabajadores, el cambio en las relaciones de género y un nuevo reclamo de intervención al gobierno en los asuntos morales, fueron asuntos simultáneos que se trataban a principios de siglo. Nuevos grupos identificados con el progreso y la modernidad que supuestamente traería el nuevo orden (como las Iglesias Evangélicas, la Federación Libre de Trabajadores, masones, espiritistas, libre-pensadores en general y Las Ligas Femíneas de Temperancia), emprendieron una discusión en contra del consumo desmedido de alcohol como una forma de reordenar la sociedad. Son las Iglesias evangélicas, a través de una nueva cosecha de ministros protestantes puertoriqueños y las mujeres de la elite criolla, mediante las Ligas Femíneas de Temperancia, los líderes del asunto. Las mujeres letradas encontraron un espacio para participar en asuntos públicos que le serviría para emprender posteriormente reclamos políticos como el sufragio. Las obreras, afiliadas muchas de ellas al Partido Socialista, también exigían el sufragio femenino.

Luego de aprobarse la Prohibición en 1917, entró en vigencia el siguiente año. La medida criminalizó una costumbre popular arraigada en el transcurso de cuatro siglos. Los años que estuvo vigente el estatuto en la isla evidencian que su implantación fue una empresa cuesta arriba tanto para el estado como para el pueblo. A medida que la situación económica empeoraba para la década de 1920, y el descalabro de la Depresión agudizaba las precarias condiciones de la masa trabajadora, la necesidad económica y la actividad delictiva se relacionaron. La Prohibición creó nuevos problemas sociales derivados de la fabricación masiva de alambiques clandestinos y de "cañita", el contrabando interno y con las islas vecinas, la desobediencia abierta a la Ley y los estragos en la salud a causa de las bebidas adulteradas. Aunque la clase alta también participaba en actividades delictivas, fueron los pobres los protagonistas públicos de la desobediencia civil. En una época de necesidad económica, el fabricar y vender ron era un negocio lucrativo en el que bien valía correrse el riesgo a cambio de cuadrar el presupuesto.

Al adentrarse los puertorriqueños en la década de 1920, sus problemas principales eran mejorar las condiciones materiales y establecer relaciones satisfactorias con la metrópoli.

El peso del problema económico se lo atribuyen a varios factores, entre ellos, el impacto negativo de la acelerada penetración económica capitalista, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la sobrepoblación y la acaparación de tierras por las corporaciones. La lucha por el gobernador electivo y por el sufragio femenino serán vitales en los 1920. Aunque durante esa década las mujeres no conseguirían el derecho al sufragio, las oportunidades educativas fueron una vía para profesionalizarse y trabajar como maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, doctoras, etc.

Los partidos políticos sufrirían de nuevos reali-neamientos. Comenzaron a formar combinaciones que prevalecieron hasta la fundación del Partido Popular Democrático en 1937. Al morir Luis Muñoz Rivera (1916) y José Celso Barbosa (1921), el Partido Unión y el Republicano tomaron otro giro. El Partido Socialista, fundado en 1915 no se libró de las alianzas de la época. El nuevo partido de la Alianza agrupó a un sector de unionistas, presididos por Antonio R. Barceló, con sus enemigos tradicionales republicanos liderados por José Tous Soto. Otro sector de los republicanos, al mando de Rafael Martínez Nadal, se aliaba a los socialistas formando la Coalición Republicano Socialista. La Alianza triunfaría en las elecciones de 1924 y 1928, mientras que la Coalición, dominó la escena electoral de los 1930. Los trabajadores afiliados al Partido Socialista se sintieron traicionados por sus líderes y repudiaron los acuerdos concertados con los republicanos. En el 1932, Antonio R. Barceló dejaría la Alianza y formaría el Partido Liberal que abogaba por la independencia. Este partido acudiría a las urnas en las elecciones de ese año.

 Una economía deprimida

La fuerza del huracán San Felipe azotó a la isla el 11 de septiembre de 1928 ocasionando más de 300 muertes. El estimado de las pérdidas materiales fluctuó entre los 50 y 85 millones. Era de esperarse que las frágiles viviendas rurales sucumbieran ante la fuerza de los vientos que atravesaron la isla desde el sudeste hasta el noroeste arruinando las cosechas de tabaco, café y frutos menores. Las siembras de caña también sufrieron estragos, pero en menor grado que las otras cosechas. Cuando comenzaban los signos de recuperación, otro fenómeno pondría a tambalear la ya maltrecha situación. La Depresión Económica que comenzó en Estados Unidos en 1929 a partir de la caída de la bolsa de valores impactó la economía puertorriqueña dependiente del mercado estadounidense. Sin embargo, las condiciones sociales de la mayoría de la población ya eran precarias desde muchos antes de San Felipe. Algunos de los indicadores económicos que se agravaron con la Depresión fueron el desempleo, el valor de las exportaciones, el producto nacional bruto y el ingreso per cápita. Mientras los precios de los productos subían a causa de la inflación, los salarios de los trabajadores eran insuficientes para enfrentar la crisis. Mas las corporaciones azucareras no parecían sentir los embates de la Depresión como otros sectores agrarios. La protección tarifaria de la industria en el mercado de Estados Unidos la benefició aún en época de crisis. Al parecer, las fuerzas de la naturaleza se habían ensañado con la Isla cuando en el 1932 el huracán San Ciprián causó daños estimados en más de 30 millones. Miles de puertorriqueños residentes de la ruralía comenzaban a emigrar a la ciudad con la esperanza de una mejor vida. Se concentraban en barriadas marginales que se conocían como arrabales. La creciente desigualdad social provocó cuestionamientos y protestas populares y laborales. Por primera vez se articuló una crítica abierta al modelo monoproductor y a las consecuencias del imperialismo norteamericano.
 

El Partido Nacionalista fundado en 1922 por un sector de independentistas y bajo la presidencia de Pedro Albizu Campos desde 1932, enfrentaría la situación del dominio colonial incurriendo en serias confrontaciones con la policía insular. Tras el nombramiento del Gobernador Blanton Winship en 1934, la situación se agravó. Luego del asesinato de cuatro nacionalistas por la policía el siguiente año, dos nacionalistas asesinaron al Jefe de la Policía, Elisha Riggs. Elías Beauchamp e Hiram Rosado, acusados del asesinato, fueron ultimados por la policía como represalia. Más tarde, la Masacre de Ponce de 1937 fue uno de los episodios más sangrientos entre los dos sectores. En la Masacre murieron civiles y dos policías que se encontraban en la Parada del Domingo de Ramos. Los acontecimientos, que se iniciaron como de una emboscada por parte de la policía desembocaron en el arresto y encarcelamiento de los líderes del partido. La época fue una de gran represión política y desconfianza de las autoridades federales.

En los 1930, los trabajadores de la caña organizaron huelgas a través de toda la isla, especialmente en el 1934. Las exigencias se concentraban en mejores condiciones de empleo y salarios. A las protestas se le unieron diferentes sectores laborales, como los obreros de los muelles, las tabaqueras, costureras y desempleados, creándose en la isla un clima de protesta social.

La extensión del Nuevo Trato

La extensión de los programas del Nuevo Trato a Puerto Rico, al igual que ocurrió en Estados Unidos, no resolvieron la crisis de la Depresión. Sin embargo, representaron alivios temporeros. En 1933 se extendió a la isla la "Puerto Rico Emergency Relief Administration"(PRERA), con fondos federales de la "Federal Emergency Relief Act", conocida como la FERA. Sus medidas de emergencia consistían en repartir alimentos y promover la construcción de infraestructura para crear empleos y estimular la economía. Los líderes del Partido Liberal, aunque de tendencia independentista, establecieron nexos con el gobierno del Presidente Franklin D. Roosevelt y promovieron las ayudas de emergencia. La administración de fondos en manos de liberales suscitó pugnas con la Coalición que dominaba la Legislatura. Con la creación de la "Puerto Rico Reconstruction Administration" en 1935, la PRRA, se crearon programas de salud, de electrificación, de construcción y eliminación de arrabales, entre otros. Mas el asesinato de Riggs y la oposición de la Coalición Republicana fueron serios agravantes en la implantación y desarrollo de las medidas. No sería hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el ascenso del Partido Popular al poder que la economía tomaría otro giro.

Nace un nuevo partido

Con la fundación del Partido Popular Democrático en 1937, Luis Muñoz Marín, el hijo de Luis Muñoz Rivera, avanzaría una campaña centrada en un programa económico dirigido a rescatar al pueblo de la miseria. Muñoz decidió dejar a un lado el asunto del estatus político. Combatió mediante su palabra clara y sencilla las "viejas mañas" del pasado y las componendas en que habían entrado los partidos políticos Alianza y Coalición con las corporaciones azucareras. Exhortó a los puertorriqueños a ejercer su derecho al voto limpio. El triunfo del PPD en 1940 fue uno sorprendente pero precario. Muñoz, entonces Presidente del Senado, contaba con el apoyo del Gobernador Rexford Tugwell para impulsar el programa socioeconómico de su partido. Aunque el PPD ganó el Senado por el escaso margen de un voto, en la Cámara de Representantes dependía de los tres votos de la Unificación Tripartita para alcanzar la mayoría. Algunos representantes cruzaron líneas de partido y apoyaron el programa del PPD. El triunfo en las elecciones del 1944 fue indiscutible. Al aprobarse en 1947 la Ley del Gobernador electivo tras muchos años de reclamo, Luis Muñoz Marín consolidó su poder al ser electo gobernador en 1948. El partido ganaría sucesivamente hasta 1968.
 

Un sector descontento con el giro ideológico que tomaba el PPD, alejándose del ideal de la independencia, fundó en 1946 el Partido Independentista Puertorriqueño bajo la dirección de Gilberto Concepción de Gracia. El partido, contrario al nacionalista, abogaría por la independencia de la isla por la vía electoral.

De la agricultura a "Manos a la Obra"

El modelo industrial concebido por el PPD se conoció como "Manos a la Obra". Desde la década de 1920, Luis Muñoz Marín promovió la idea de atraer fábricas a la isla con exención contributiva cuando era el representante de la Comisión Económica de Puerto Rico. Ahora, como gobernador y con la colaboración de Teodoro Moscoso, impulsaba este proyecto basado en atraer fábricas manufactureras. Las promesas del PPD consistían en ofrecer a los inversionistas paz industrial, mano de obra barata y estabilidad política. El economista James Dietz, establece que entre 1941 y 1949, la estrategia del partido fue la reforma agraria, la reorganización administrativa, el desarrollo de la infraestructura y la compra de fábricas por el gobierno. Luego, a partir del 1945, se entrecruza otra etapa en la que se pospone la reforma agraria, se venden las fábricas y se comienzan a desarrollar estrategias para atraer el capital extranjero.

La transformación industrial acelerada que experimentó Puerto Rico llevó a que la isla se considerara para la década de 1950 como "la vitrina del Caribe". El éxito de los programas desarrollistas la transformó en un laboratorio. Miles de personas del Caribe y de todas partes del mundo visitaron y estudiaron la experiencia local para luego trasladarla a sus países. Claro está, dentro del marco de relaciones con Estados Unidos.

Las urbanizaciones de bajo costo comenzarían a albergar a una clase media mientras que arrabales como La Perla en San Juan, servían de morada a sectores marginales. Modernos hoteles comenzaban a construirse para atraer el turismo y fomentar la economía. Los supermercados hicieron su aparición causando la fascinación de un pueblo que aspiraba a la modernidad. Durante la época industrial una sociedad de consumo se consolidaba.

Mas la industrialización tampoco fue el remedio para el desempleo y los males sociales. Durante la década de 1950 miles de puertorriqueños emigraron a Nueva York en búsqueda de empleo. La imagen de puertorriqueños de escasos recursos abordando los "clippers" de PAN AM forma parte de las particularidades de esa época. Los males sociales, como la contaminación ambiental, los daños ecológicos, los consabidos tapones, la criminalidad y el culto al individualismo también acompañaron el proyecto a través de los años y la sociedad moderna en la que viven los puertorriqueños.

A principios de la década, el PPD propuso la creación de una Convención Constituyente para redactar una Constitución. La misma fue aprobada el 25 de julio de 1952 sustituyendo las disposiciones de la Ley Jones de 1917. A partir de su aprobación, Puerto Rico dejó de figurar en la lista de territorios coloniales de las Naciones Unidas a pesar de mantener muchas de las características de una sociedad colonial.

Plebiscitos y ascenso del bipartidismo

El plebiscito, o consulta de estatus, impulsado por el PPD en 1967, arrojó un apoyo mayoritario de un 60% al ELA. A pesar del respaldo a esa fórmula política, el desgaste del partido en los 1960 era evidente. Un año después, experimentó su primera derrota electoral luego de veinte años en la gobernación. Entre 1964 y 1968 el gobernador había sido Roberto Sánchez Vilella, un brillante servidor público de carrera y representante de una nueva generación de populares quien al final de su mandato se separó del PPD.

El triunfo del recién creado Partido Nuevo Progresista y del candidato estadista, el industrial Luis A. Ferré, frente al candidato del PPD, Luis Negrón López, también quebró la hegemonía del partido y marcó el aumento gradual de las fuerzas anexionistas en el siglo 20. El bipartidismo se consolidaría en la isla y los dos partidos principales comenzarían a turnarse. Entre 1972 y el 2000 cada uno ganó cuatro elecciones. El Partido Independentista ha retenido entre un cuatro y un cinco porciento de los votos.

Aunque el PNP no revalidó en 1972, tanto Carlos Romero Barceló (1977-1984) como Pedro Rosselló González (1993-2000), adelantaron la causa estadista durante sus respectivas gobernaciones. Las políticas más notorias de Rosselló se basaron en la privatización de empresas gubernamentales. La venta más criticada fue la de la Telefónica, la cual generó numerosas protestas y marchas multitudinarias. La oficialización del idioma inglés junto con el español y la implantación de la reforma de salud, fueron otras medidas controvertibles aprobadas durante su administración.

A partir de la celebración del plebiscito de 1967, el asunto del estatus ha estado vigente con más fuerza en la política isleña. La estadidad, la independencia y el autonomismo, siguen siendo las opciones políticas. El tradicional apoyo al Estado Libre Asociado, aunque mantiene una ventaja, ha declinado significativamente si comparamos los resultados plebiscitarios de 1993.

El 4 de noviembre de ese año se celebró un plebiscito de tres opciones impulsado por el gobernador Rosselló. Los electores favorecieron el ELA con una pluralidad de un 48.4%. La fórmula estadista obtuvo un 46.2% y la independentista un 4.4%. Cinco días más tarde se llevó a cabo en la isla la efeméride del Quinto Centenario del "descubrimiento" de la isla. Las celebraciones en torno a este gran evento disiparon las divisiones de los puertorriqueños que habían aflorado en la contienda plebiscitaria. Como un fenómeno particular, reiteradamente la mayoría del pueblo de Puerto Rico se ha reafirmado en la defensa de su identidad cultural independientemente del estatus político que profese.

Antes de finalizar el siglo, los electores regresaron por tercera vez a las urnas plebiscitarias, también a instancias del PNP. El 13 de diciembre de 1998 se incluyeron cinco opciones. En adición a la estadidad, el ELA y la independencia, se votaría por la libre asociación y por una quinta columna llamada "ninguna de las anteriores". La quinta opción obtuvo un 50.2% de los votos dejando en un franco desconcierto a los congresistas. El PPD interpretó el triunfo como un rechazo a la estadidad. Mientras que el PNP, lo interpretó como un rechazo al ELA. Adentrándonos en un nuevo siglo el dilema centenario del estatus continúa. El Congreso, sigue reteniendo el poder sobre la Isla.

El Cerro Maravilla

Uno de los sucesos políticos más controvertibles y comentados en el Puerto Rico de la década de 1980 fue la ejecución de dos jóvenes independentistas en las torres de comunicación del Cerro Maravilla. A pesar de que los miembros de la policía que los acompañaron en el momento de su muerte se declararon inocentes del suceso, finalmente la prueba apuntó hacia su culpabilidad. El entonces Gobernador Carlos Romero Barceló había felicitado a los policías públicamente por éstos haber evitado unos supuestos actos de sabotaje en 1978. Durante la campaña de 1980, se rumoraba que los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, habían sido ejecutados mientras pedían clemencia. Cuando el PPD obtuvo el control del Senado en 1980, se inició una investigación senatorial bajo la dirección del licenciado Héctor Rivera Cruz. La misma confirmó las sospechas de numerosos sectores del país. Los agentes que cometieron perjurio en sus declaraciones iniciales fueron convictos por asesinato y enviados a prisión.

La quiebra del modelo económico

La crisis económica que comenzó en 1973, como consecuencia del aumento en los precios del petróleo del Medio Oriente, hizo tambalear el modelo industrial "Manos a la Obra" que promovía para esa época a la industria petroquímica. Refinerías como la CORCO permanecen hasta el día de hoy como ruinas del progreso que se intentó impulsar en esa década. El desempleo aumentó a un 20% en 1977, el Producto Nacional Bruto descendió, los niveles de ingreso se estancaron y más de 270 huelgas tuvieron lugar durante el cuatrienio de Rafael Hernández Colón (1973-1976). Al agravarse la situación económica en Estados Unidos, a mediados de los 1970 hubo una migración de retorno a la Isla. Esta tendencia cambiaría en la década de 1980 cuando una emigración de profesionales abandonó el país en búsqueda de mejores condiciones de empleo y mejor calidad de vida.

Alrededor de 5,000 puertorriqueños emigraron anualmente siendo su destino preferido el sur de Estados Unidos. Los puertorriqueños forman una comunidad significativa en los Estados Unidos. Aunque Nueva York concentra la mayoría de la diáspora, se estima que los estados de Florida, Massachusetts, Texas, Connecticut y Pennsylvania han experimentado un gran crecimiento en las dos últimas décadas del siglo 20.

Como una alternativa para enfrentar la crisis económica, en 1976 se aprobó la sección 936 del Código de Rentas Internas. El propósito era estimular la economía garantizando que las exenciones contributivas de las ganancias derivadas de las inversiones en Puerto Rico se mantuvieran intactas. El impacto de la 936 resultó en un gran influjo de capital en la isla al punto de que en 1983 los beneficios ascendieron a 1.64 billones. Era la época del auge de las farmacéuticas. Durante los 1990 comienza la amenaza de erradicar la sección generando un pánico en los sectores políticos autonomistas. Finalmente, durante la gobernación de Pedro Rosselló y siendo Comisionado Residente en Washington Carlos Romero Barceló, el Congreso eliminó la 936 quebrando una de las vértebras principales del ELA y de la economía de Puerto Rico.

Sila María Calderón, la primera mujer gobernadora

En las elecciones de 2000, los tres candidatos a la gobernación fueron Rubén Berríos, por el Partido Independentista, Carlos Ignacio Pesquera, por el Partido Nuevo Progresista y Sila María Calderón, por el Partido Popular Democrático. Las acusaciones de corrupción y de malversación de fondos a funcionarios del gobierno del PNP acapararon la atención de la campaña y socavaron el poder del partido luego de ocho años en el poder. Tras una ardiente campaña, Sila María Calderón obtuvo la mayoría de los votos con el lema de "Un gobierno limpio". Triunfó como la primera mujer gobernadora con un 48.4% de los votos. Pesquera obtuvo un 46.2% y el candidato del PIP un 4.8%.

Aníbal Acevedo Vilá derrotó al veterano político estadista y ex gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló en la carrera de Comisionado Residente. Durante los primeros meses de su gobernación el éxodo de fábricas a causa de la derogación congresional de la sección 936 del Código de Rentas Internas estremeció al país. La gobernadora se ha comprometido con buscar nuevas alternativas para atraer industrias y remediar el desempleo. Otro de sus compromisos ha sido abogar por el cese de los bombardeos de la Marina en la Isla Nena.

Vieques

Uno de los asuntos más discutidos en las elecciones de 2000 fue la situación del municipio viequense. Esto, debido al uso como campo de entrenamiento que ha hecho la Marina de la isla con balas vivas e inertes por más de 60 años. El asunto de Vieques revivió luego de la muerte del guardia de seguridad David Sanes en 1999. El daño ecológico, el ruido de las detonaciones, la alta incidencia de cáncer y los estragos económicos han sido algunos de los argumentos en contra de la Marina. La Marina, en cambio, alega que Vieques no se puede sustituir como campo de entrenamiento. La posición del PNP ha sido avalar un acuerdo con el ex-presidente Clinton que prometió la salida de la Marina en el 2003. La del PIP, ha sido adelantar la consigna "Ni una bala más" y recurrir a actos de desobediencia civil. El PPD, se unió a este clamor antes de las elecciones de 2000 y exigió el cese de bombardeos. Sus miembros participan en actos de desobediencia civil aunque ésta no sea una política oficial del partido. El Tribunal Federal ha procesado cientos de casos de desobedientes que no cesan en su compromiso con el retiro de la Marina. La severidad de las penas a algunos de ellos, como al líder independentista Rubén Berríos Martínez, ha generando críticas en todo el país.

Alrededor del caso de Vieques se han agrupado numerosas organizaciones cívicas y religiosas que exigen paz para ese municipio y que han elevado el caso al ámbito internacional. Las presiones han llevado al nuevo presidente George W. Bush a ratificar el retiro de la Marina en 2003 y a admitir que los viequenses no la quieren, abriendo así una nueva controversia política y de seguridad nacional.

ProyectoSalónHogar.com