El Departamento de Educación y la Legislatura le abrieron los brazos oficialmente ayer al desarrollo de las llamadas escuelas “charter”, que permitirá poner en manos de instituciones privadas la administración de algunos planteles.

Durante el 4to. Congreso Educativo del Sistema Ana G. Méndez, el secretario de Educación, Rafael Aragunde, y la representante novoprogresista, Albita Rivera, apoyaron que la mencionada entidad educativa realice un estudio sobre la legislación necesaria para viabilizar en Puerto Rico este tipo de escuela no convencional. El concepto que promete levantar nuevamente la discusión sobre la privatización del sistema público, se ha discutido en administraciones anteriores, pero es bajo el mandato de Aragunde que las conversaciones han comenzado a tomar forma.

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Albita Rivera, hablando a nombre del presidente de ese cuerpo, José Aponte, y del presidente del Senado, Kenneth McClintock, afirmó que la Legislatura está dispuesta a trabajar la legislación necesaria en negociación con el Ejecutivo.

“Esta es una oferta que nos ha hecho el Presidente del Sistema de Educación, Ana G. Méndez -para prácticamente hacer el estudio- y traerlo tanto al Estado como a la Legislatura, de manera que podamos trabajar en conjunto un proyecto”, sostuvo la legisladora.

El presidente del Sistema Ana G. Méndez, José “Pepe” Méndez, anticipó que el análisis legislativo del proyecto podría tomar hasta 60 días y admitió que la organización estaría interesada en administrar algunas de estas escuelas.

Rivera recordó que la autonomía fiscal y administrativa de las escuelas públicas se trató de establecer mediante la Ley 149, que creaba las escuelas de la comunidad, pero se eliminó durante la administración de Sila María Calderón.

Por su parte, Aragunde recalcó la importancia de otorgar a las escuelas mayor autonomía administrativa y fiscal.

“La Ley 149 provee para esa autonomía y los charter son una forma particular de culminar esa autonomía, que yo creo que se debe considerar”, destacó Aragunde.

El Secretario reconoció que la iniciativa encontrará la oposición de las organizaciones magisteriales, pero sostuvo que establecerá canales de diálogo.

“Lo que estamos diciendo es que los puertorriqueños se merecen el derecho de enviar a sus hijos a escuelas de excelencias”, agregó. Y es que los que favorecen el concepto de escuelas “charter” indican que mediante este sistema, las escuelas públicas tienen mayores posibilidades de aumentar la excelencia académica de los alumnos.

No de las organizaciones

Precisamente, el presidente de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, catalogó las escuelas “charter” como un mecanismo “para abrir las puertas para que el sector privado pueda lucrarse de los fondos que actualmente van dirigidos a las escuelas públicas”.

Destacó que en la Isla existen universidades, entidades privadas y municipios con gran interés de que este concepto se establezca para lograr acceso a millones de dólares que el gobierno federal tiene para este concepto.

Feliciano dijo que con este tipo de programas, como se le permite a los administradores escolares mayor autonomía en la contratación del personal docente, se socavarían derechos laborales y beneficios adquiridos por los maestros.

Por su parte, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros dijo no entender “por qué este concepto se trae a Puerto Rico por los pelos”, cuando en Estados Unidos no existe ningún estudio que demuestre que el aprovechamiento de los estudiantes de estas escuelas es superior al sistema regular.

“Lo que (en Puerto Rico) están viendo es el negocio millonario de la educación”, coincidió Díaz.

El tema del aprovechamiento académico en las escuelas públicas ha sido eje de controversias por años y el panorama no parece alentador.

Los últimos resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, revelaron que la excelencia se redujo de 40 escuelas en el 2004-2005 a 16 en el 2005-2006.

En Puerto Rico hay 1,523 planteles. La ley “Que ningún niño quede rezagado” exige que el 100% de las escuelas muestren aprovechamiento o pleno dominio en las materias para el 2013-2014, o se pondrían en peligro las millonarias asignaciones en fondos federales del programa Título I.

Sólo tres de las 40 escuelas con notas de excelencia en el 2005-2006 permanecieron en la lista.