Las instrucciones que los cabildos puertorriqueños enviaron a Power coincidían en muchos aspectos con las proposiciones generales de los diputados americanos. Constituyen un inventario de quejas contra el sistema colonial a la vez que reflejan las aspiraciones de los grupos dominantes de la sociedad insular. Se expresaron contra el injusto sistema tributario, las restricciones comerciales, la falta de centros educativos —sobre todo universitarios—, la inaccesibilidad de los criollos a cargos en la administración pública, el considerable atraso en la salud y en las obras públicas, y la amenazante presencia de extranjeros que comenzaban a desplazar a estancieros y ganaderos criollos de su frágil ascendencia social.

En momentos de transición hacia la economía agroexportadora centrada en el azúcar, expresaron la necesidad de asegurar mano de obra estable con planteamientos dirigidos a mover el campesinado hacia el trabajo asalariado ante el temor que despertaba aumentar la mano de obra esclava. No sólo tenían presente la experiencia haitiana, sino también las ideas liberales de que el trabajo libre era más rentable que el esclavo.

En términos políticos, los primeros planteamientos autonomistas en Puerto Rico los presentaron los cabildos de San Germán (13 de noviembre de 1809) y San Juan (26 de abril de 1810), las dos ciudades más antiguas de la Isla. Ambas aprovecharon el modelo de las juntas provinciales constituidas en la Península para proponer algo similar. El ayuntamiento de San Juan, elector de Power pedía una autonomía dirigida a los asuntos económico-administrativos. San Germán, más audaz y distante del Capitán General, advirtió, en primer lugar, que de España quedar subordinada a Francia, Puerto Rico quedaría en libertad para escoger su propio destino.

En segundo lugar, pidió el establecimiento de una Junta Provincial compuesta por el capitán general y el obispo (que era entonces el criollo liberal Juan Alejo de Arizmendi) y cinco diputados, uno por cada cabildo, para la cual reclamó “toda la autoridad Superior, Gubernativa, Militar y de Intendencia de la Provincia” con injerencia “sobre los asuntos concernientes a favor de la Nación y Estado, del bien y utilidad de la isla y sus habitantes...” La Junta, incluso, atendería apelaciones en determinados pleitos civiles y criminales. Es decir, reclamaba, además, la jurisdicción judicial que pertenecía a la Audiencia de Puerto Príncipe, en Cuba, desde 1795 cuando se suprimió la de Santo Domingo. En realidad, esta petición de autonomía total, política y administrativa, proponía un co-gobierno con el Capitán General, pero además, era una carta de negociación como las que presentaron otros cabildos americanos. Fuese por temor o por otras razones, lo cierto es que las instrucciones se enfocaron a pedir reformas que propiciaran el desarrollo de la Isla y un cierto margen de descentralización administrativa.

Mientras, se fraguaba en San Germán (1809-1811) una conspiración separatista vinculada con los movimientos de Caracas, México y Santa Fe de Bogotá, a juzgar por cierta correspondencia del ayuntamiento a la luz de la documentación conocida hasta ahora, es difícil precisar si Power sabía de la conspiración y si estuvo involucrado en ella. Es más prudente pensar que estuvo ajeno a ella. A pesar de que en San Germán se conspiraba, el diputado levantaba su voz para recalcar la fidelidad insular. Propuso que se le concediera a la villa rebelde el título de ciudad con el timbre de “muy noble y muy leal”. Para fundamentar su petición “rescata hechos gloriosos” y servicios olvidados que demostraban “la decidida lealtad” y el “heroico patriotismo” de sus vecinos. Recalcó una y otra vez la fidelidad de los puertorriqueños, contrastándola con la conmoción que afectaba gran parte de América. Pero, la Comisión de Premios del Congreso, apoyada en el informe de la Regencia, no encontró méritos suficientes en el caso y recomendó que se declarase sin lugar, dictamen que confirmaron las Cortes a pesar del alegato de Power.

No era la primera vez que Power tenía que reafirmar su lealtad y la de su provincia, asediado como estaba por la enemistad del Capitán General de Puerto Rico, Meléndez Bruna. El 20 de agosto de 1811, en medio de los recelos y de los temores también existentes en el Congreso respecto a América, se circuló en las Cortes un papel acusatorio titulado “Primeros sucesos desagradables en la Isla de Puerto Rico, consecuentes a la formación de la Junta Soberana de Caracas”. El autor se identificaba a sí mismo como “Amigo de la Verdad”, aunque no es disparatado situar tras el anónimo a los emisarios del implacable gobernante. Power, indignado por este nuevo intento de mancillar su “siempre acreditado honor y concepto”, insistió en la “eterna adhesión de Puerto Rico a la causa de la patria...,” no sin antes protestar una vez más contra la conducta arbitraria y despótica de Meléndez Bruna.
 

No hubo acuerdo previo entre los ayuntamientos de la Isla a la hora de redactar las instrucciones. Cada cabildo presentó individualmente sus instrucciones. No obstante, miradas en conjunto, las instrucciones muestran coincidencias que denotan el descontento de los cabildantes con la estructura colonial. El peso puesto en las reformas de corte económico permitieron a Power hacer la síntesis que presentó al Congreso en nombre de la provincia.

En la exposición que precedió a las peticiones, Power esbozó una breve reseña histórica de la Isla en la que describió las múltiples causas que habían retrasado su progreso. Todos los males tenían una raíz común: la legislación vigente se había extendido sin que se tomaran en consideración las circunstancias particulares de Puerto Rico. A lo largo del discurso intercaló una dura crítica al régimen político imperante, sobre todo hacia la figura y los poderes absolutos ostentados por el Capitán General.

Power presentó un total de 16 peticiones, de las cuales siete se referían al comercio exterior, cinco a los arbitrios e impuestos y cuatro tocaban asuntos administrativos. Pidió la separación del cargo de intendente de la capitanía general y la creación de una Sociedad Económica de Amigos del País ajustándola a las circunstancias locales. Rechazó la propuesta de San Germán por considerarla “contraria a los juramentos que tenía solemnizados”, evitando así cuestiones peligrosas que la extensión de la Constitución podría ayudar a resolver. Por otro lado, parece ser que sólo los cabildos de San Juan y San Germán pidieron reformas de corte autonomista. Aunque hasta el momento están perdidas las instrucciones que sometió el cabildo de Arecibo, puede pensarse que siguió la línea de planteamientos de Coamo y Aguada.