LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS

El éxito de la Revolución dio a los estadounidenses oportunidad de dar forma legal a sus ideales tal como estaban expresados en la Declaración de Independencia y remediar algunos de sus agravios mediante las constituciones de los estados. En fecha tan temprana como el 10 de mayo de 1776, el Congreso ya había aprobado una resolución en la cual se aconsejaba a las colonias la creación de nuevos gobiernos "en la forma más idónea para procurar la felicidad y la seguridad de sus pobladores".

Las nuevas constituciones acusaron la influencia de las ideas democráticas. En ninguna se rompió drásticamente con el pasado, pues todas se construyeron sobre la sólida base de la experiencia colonial y la práctica inglesa. Pero cada una estaba imbuida del espíritu de republicanismo, un ideal que por largo tiempo habían alabado los filósofos de la Ilustración.

Naturalmente, el primer objetivo de los autores de las constituciones estatales fue garantizar esos "derechos inalienables" cuya violación hizo que las ex colonias rechazaran sus nexos con Gran Bretaña. Por eso todas las constituciones empezaban con una declaración o carta de derechos. En la de Virginia, que fue el modelo de todas las demás, se incluyó una declaración de principios entre los que figuraban la soberanía popular, la rotación de funcionarios en los cargos públicos, la libertad de las elecciones y una lista de libertades fundamentales: fianzas moderadas y castigos no inhumanos, juicio expedito por jurado, libertad de prensa y de conciencia, y el derecho de la mayoría a reformar o cambiar al gobierno.

Otros estados alargaron la lista de garantías con la libertad de expresión, de reunión y de petición. Sus constituciones incluyeron a menudo otras disposiciones, como el derecho de portar armas, el recurso de hábeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y la igualdad bajo la protección de la ley. Además, en todas se prescribió una estructura de gobierno con tres ramas — ejecutiva, legislativa y judicial — que actuarían entre sí como frenos y contrapesos.

La constitución de Pennsylvania fue la más radical. En ese estado el control estaba en manos de artesanos de Filadelfia, hombres de la frontera escocés-irlandeses y granjeros de habla alemana. El congreso de la provincia adoptó una constitución en la que a todos los contribuyentes hombres y a sus hijos varones se les permitía votar; se exigía la rotación de funcionarios en sus puestos (nadie podía ser representante por más de cuatro años en un periodo de siete) y se instituía una legislatura de una sola cámara.

Las constituciones estatales tenían limitaciones patentes, sobre todo bajo criterios más recientes. Las que fueron creadas para garantizar los derechos naturales de la población no aseguraban a todos el más esencial de esos derechos: la igualdad. En las colonias al sur de Pennsylvania se privó a la población esclava de sus derechos inalienables como seres humanos. Las mujeres no tenían derechos políticos. Ningún estado llegó tan lejos como para conceder el sufragio universal a los varones y aún en los que todos los contribuyentes podían votar (Delaware, Carolina del Norte y Georgia, además de Pennsylvania) era preciso tener cierta cantidad de propiedades para ocupar un cargo público.

LOS ARTÍCULOS DE LA CONFEDERACIÓN

La lucha contra Inglaterra influyó mucho para cambiar las actitudes coloniales. Las asambleas locales rechazaron el Plan de Unión de Albany en 1754 porque no quisieron ceder ni un ápice de su autonomía a ningún otro organismo, aunque éste fuera elegido por ellos mismos. Sin embargo la ayuda mutua demostró su eficacia en el curso de la Revolución y el temor de ceder la autoridad individual se mitigó en buena medida.

John Dickinson elaboró los "Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua" en 1776; fueron adoptados por el Congreso Continental en noviembre de 1777 y entraron en vigor en 1781, una vez ratificados por todos los estados. Como reflejo de la fragilidad de un incipiente sentido de nación, los Artículos sólo disponían una unión muy informal. El gobierno nacional carecía de autoridad para imponer aranceles, regular el comercio y recaudar impuestos. Su control sobre las relaciones internacionales era precario: muchos estados ya habían emprendido negociaciones por su cuenta con países extranjeros; nueve estados tenían su propio ejército y varios contaban con su respectiva armada. A falta de una moneda común firme, la nueva nación usaba en su comercio una curiosa mezcla de monedas y una sorprendente variedad de billetes nacionales y de los estados, todos los cuales se depreciaban con rapidez.

Las dificultades económicas surgidas después de la guerra hicieron que la gente pidiera un cambio. El final de la contienda afectó severamente a los comerciantes que proveían a los ejércitos de ambos bandos y perdieron las ventajas que les redituaba su participación en el sistema mercantil británico. Los estados daban preferencia a los productos estadounidenses en sus políticas arancelarias, pero los aranceles no eran congruentes, lo cual dio lugar a la demanda de un gobierno central más fuerte que aplicara una política uniforme.

Los agricultores fueron quizá los que tuvieron más dificultades económicas después de la Revolución. La oferta de productos del agro superó a la demanda, y el descontento se produjo sobre todo entre los granjeros endeudados que querían un remedio drástico para evitar la venta de sus propiedades por juicio hipotecario e ir a la cárcel por deudas. Las cortes estaban atestadas de demandas interpuestas por acreedores que exigían los pagos. Todo el verano de 1786, convenciones populares y asambleas informales de varios estados pidieron la reforma de la administración pública de su entidad.

En ese otoño, turbas de granjeros de Massachusetts encabezados por el ex capitán del ejército Daniel Shays impidieron por la fuerza que las cortes del condado se reunieran y dictaran más juicios por deudas antes de la siguiente elección estatal. En enero de 1787 un ejército improvisado de 1.200 granjeros avanzó hacia el arsenal federal de Springfield. Los rebeldes, armados sobre todo con palos y rastrillos, fueron rechazados por una pequeña milicia estatal; el general Benjamin Lincoln llegó de Boston con refuerzos y puso en fuga al resto de los hombres de Shays, quien huyó a Vermont. El gobierno capturó a 14 rebeldes y los sentenció a muerte, pero al final perdonó algunos y a otros les conmutó la pena por un breve periodo de prisión. Al ser sofocada la rebelión, una legislatura recién elegida, cuya mayoría simpatizaba con los rebeldes, atendió algunas demandas de éstos para el alivio de la deuda.

EL PROBLEMA DE LA EXPANSIÓN

Con el final de la Revolución, Estados Unidos se tuvo que volver a enfrentar al viejo predicamento no resuelto del oeste: el problema de la expansión, con sus complicaciones en materia de tierras, comercio de pieles, indígenas, asentamientos y gobiernos locales. Atraídos por las tierras más ricas halladas hasta entonces en el país, los pioneros se lanzaron hacia los montes Apalaches y más allá. En 1775 ya había decenas de miles de pobladores en los más remotos bastiones, dispersos a lo largo de las vías fluviales. Separados por cadenas montañosas y a cientos de kilómetros de los centros de la autoridad política, que estaban en el este, los habitantes formaron sus propios gobiernos. La afluencia de colonizadores de todos los estados costeros siguió su marcha hacia los fértiles valles fluviales, los bosques de maderas duras y las ondulantes praderas del interior. En 1790, la población de la región más allá de los Apalaches rebasaba ampliamente los 120.000 habitantes.

Antes de la guerra, varias colonias habían presentado reclamaciones, amplias y a menudo redundantes sobre las tierras localizadas más allá de los Apalaches. A quienes carecían de derechos para reclamarlas les parecía que aquel rico territorio no estaba distribuido equitativamente. En nombre de este último grupo, Maryland presentó una resolución por la cual las tierras del oeste debían considerarse propiedad común para que el Congreso las dividiera en gobiernos libres e independientes. La idea no fue recibida con entusiasmo. Sin embargo, Nueva York marcó la pauta en 1780 al ceder las tierras que reclamaba. Virginia, que hacía las reclamaciones más vastas, renunció en 1784 a todas las tierras al norte del río Ohio. También otros estados cedieron los derechos que reclamaban y pronto fue evidente que el Congreso tomaría posesión de todas las tierras al norte del río Ohio y al oeste de las montañas Allegheny. La propiedad común de millones de hectáreas fue la prueba más tangible de nacionalidad y unidad hasta esa fecha y dio cierta solidez a la idea de soberanía nacional. Al mismo tiempo, los vastos territorios eran un problema que requería solución.

El Congreso de la Confederación estableció un sistema de autogobierno limitado para el nuevo territorio nacional del noroeste. La Ordenanza del Noroeste de 1787 dispuso su organización; al principio sería un solo distrito bajo el mando de un gobernador y jueces designados por el Congreso. Cuando ese territorio tuviera 5.000 habitantes varones libres en edad de votar, se le daría derecho a poseer una legislatura con dos cámaras y él mismo elegiría la cámara baja. Además, tendría facultades para enviar al Congreso un delegado sin derecho de voto. En ese territorio se formarían entre tres y cinco estados, y en cuanto cualquiera de ellos tuviera 60.000 habitantes libres sería admitido en la Unión "en plan de igualdad con los estados originales en todos los aspectos". La ordenanza garantizaba los derechos y libertades civiles, fomentaba la educación y prohibía la esclavitud y otras formas de servidumbre involuntaria.

La nueva política rechazaba el concepto consagrado por el tiempo según el cual las colonias existían para beneficio de la madre patria, eran sus subordinadas políticas y sus pobladores eran socialmente inferiores. En su lugar, estableció el principio de que las colonias ("territorios") eran una extensión de la nación y tenían derecho a todos los beneficios de la igualdad, mas no en plan de prerrogativa sino como un derecho.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Para cuando la Ordenanza del Noroeste fue promulgada, los líderes norteamericanos estaban redactando una constitución nueva y más firme para sustituir los Artículos de Confederación. El funcionario que los presidía, George Washington, escribió con acierto que los estados sólo estaban unidos por "una cuerda de arena". Las disputas de Maryland y Virginia por la navegación en el río Potomac desembocaron en una conferencia de representantes de cinco estados en Annapolis, Maryland, en 1786. Uno de los delegados, Alexander Hamilton de Nueva York, convenció a sus colegas de que el comercio estaba estrechamente ligado con los grandes asuntos políticos y económicos. Lo que se necesitaba era un replanteamiento fundamental de la Confederación.

La conferencia de Annapolis exhortó a todos los estados a nombrar representantes para una reunión que tendría lugar en Filadelfia en la primavera siguiente. El Congreso Continental se indignó al principio por la audacia de esa medida, pero accedió cuando Washington dio su apoyo al proyecto y fue elegido delegado.

Una extraordinaria reunión de notables tuvo lugar en la Convención Federal en mayo de 1787. Las legislaturas de los estados enviaron líderes con experiencia en asuntos de gobierno colonial y estatal, en el Congreso, la judicatura y el ejército. Para presidir las sesiones eligieron a George Washington, a quien se consideraba como el ciudadano más notable del país por su integridad y su liderazgo militar en la Revolución.

Entre los miembros más activos destacaban dos ciudadanos de Pennsylvania: el gobernador Morris, que percibió con claridad la necesidad de tener un gobierno nacional, y James Wilson, que trabajó sin descanso a favor de la idea de nación. También fue elegido por Pennsylvania Benjamin Franklin, quien vivía el final de una extraordinaria carrera de servicio público y logros científicos. De Virginia llegó James Madison, un estadista joven y práctico, muy estudioso de la política y la historia que, según un colega, estaba "dotado de un espíritu de laboriosidad y aplicación... [y era] el hombre más informado sobre cualquier tema de debate". Él sería reconocido como el "Padre de la Constitución".

Massachusetts envió a Rufus King y Elbridge Gerry, jóvenes hábiles y con experiencia. El zapatero convertido en juez Roger Sherman fue uno de los representantes de Connecticut. De Nueva York llegó Alexander Hamilton, quien propuso la reunión. Thomas Jefferson, que estaba en Francia como ministro representante de Estados Unidos, y John Adams, quien desempeñaba las mismas funciones en Gran Bretaña, no asistieron a la Convención. Entre los 55 delegados predominaban los jóvenes (la edad promedio era 42 años).

El Congreso sólo autorizó a la Convención para hacer enmiendas a los Artículos de la Confederación, pero los delegados hicieron caso omiso de los Artículos y decidieron crear una forma de gobierno enteramente nueva, "con viril confianza en su país", como más tarde escribió Madison.

Ellos reconocieron que lo más urgente era reconciliar dos poderes distintos: el del control local que ya ejercían los 13 estados casi independientes y el de un gobierno central. Adoptaron el principio por el cual las funciones y poderes del gobierno nacional — que era nuevo, general e incluyente — debían ser definidos y expresados con cuidado, quedando entendido que todas las demás funciones y poderes pertenecían a los estados. Sin embargo, comprendiendo que el gobierno central debía tener poder real, los delegados aceptaron también, en general, que debía estar autorizado para acuñar moneda, regular el comercio, declarar la guerra y concertar la paz, entre otras cosas.

DEBATE Y COMPROMISO

Los estadistas que se reunieron en Filadelfia en el siglo XVIII eran partidarios del concepto de Montesquieu sobre el equilibrio de poderes en política. Ese principio se basaba en la experiencia colonial y hallaba sustento en los textos de John Locke, un autor muy conocido por casi todos los delegados. Esas influencias dieron lugar a la convicción de que era preciso establecer tres ramas de gobierno, iguales y coordinadas entre sí. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial debían estar armónicamente equilibrados para que ninguno ganara nunca el control total. Los delegados convinieron en que la rama legislativa debía tener dos cámaras, como las legislaturas coloniales y el Parlamento británico.

La asamblea fue unánime en esos temas, pero también hubo grandes diferencias. Los representantes de estados pequeños — Nueva Jersey, por ejemplo — se opusieron a los cambios que habrían reducido su influencia en el gobierno nacional al basar la representación en la población y no en la condición de estados prevista en los Artículos de la Confederación.

Por otra parte, los representantes de estados grandes — como Virginia — abogaban por la representación proporcional. Cuando parecía que el debate no tendría fin, Roger Sherman propuso argumentos a favor de la representación proporcional a la población de cada estado en una de las cámaras del Congreso, la de Representantes, y la representación igualitaria en la otra, el Senado.

Casi todos los asuntos que se presentaron después suscitaron nuevas discrepancias que sólo fue posible resolver con nuevos compromisos. Los norteños querían que se incluyera a los esclavos en el cálculo de la carga tributaria de cada estado, mas no en la determinación del número de escaños que cada uno tendría en la Cámara de Representantes. Sin mucha oposición se llegó al compromiso de asignar la carga tributaria y los escaños en la Cámara de Representantes sobre la base del número de habitantes libres de cada estado más tres quintas partes de los esclavos.

Certain members, such as Sherman and Elbridge Gerry, still smarting from Shays's Rebellion, feared that the mass of people lacked sufficient wisdom to govern themselves and thus wished no branch of the federal government to be elected directly by the people. Others thought the national government should be given as broad a popular base as possible. Some delegates wished to exclude the growing West from the opportunity of statehood; others championed the equality principle established in the Northwest Ordinance of 1787.

No hubo diferencias serias en asuntos económicos nacionales como el papel moneda, las leyes sobre obligaciones contractuales o la situación de la mujer, la cual estaba excluida de la política. Pero era necesario equilibrar los intereses económicos de diversos sectores; dirimir las discusiones en torno a las facultades, la selección y el periodo del jefe del ejecutivo en el cargo; y resolver problemas sobre el nombramiento de jueces y el tipo de tribunales que convenía instituir.

Después de trabajar todo un cálido verano en Filadelfia, la Convención elaboró por fin un breve documento que mostraba la organización del gobierno más complejo ideado hasta entonces: un gobierno supremo dentro de una esfera de acción definida y limitada con claridad. Tendría plenos poderes para imponer tributos, obtener fondos en préstamo, instituir derechos e impuestos al consumo uniformes, acuñar moneda, reglamentar el comercio interestatal, definir las pesas y medidas, otorgar patentes y derechos de autor, establecer oficinas de correos y construir caminos. También tenía facultades para formar y sostener un ejército y una marina de guerra y administrar los asuntos de los norteamericanos nativos, la política exterior y la guerra. También podía aprobar leyes para la naturalización de extranjeros y el control de tierras públicas, y podía admitir nuevos estados en plan de absoluta igualdad con los ya existentes. Con facultades para aprobar todas las leyes necesarias y apropiadas para el ejercicio de esos poderes definidos con claridad, el gobierno federal fue capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras y de un sistema político mucho mayor.

El principio de la separación de poderes ya se había puesto a prueba en la mayoría de las constituciones de los estados y su solidez estaba demostrada. Por eso la Convención estableció un sistema de gobierno formado por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial separadas entre sí y cada una sometida al freno de las otras dos. Así, los proyectos del Congreso no se proclamarían como leyes mientras no fueran aprobados por el Presidente. Y este último tendría que someter al Senado sus designaciones más importantes y todos sus tratados, pidiendo su confirmación. A su vez, el Presidente podía ser sometido a juicio político y destituido por el Congreso. A la judicatura le correspondía ventilar todos los casos promovidos bajo las leyes federales y la Constitución; en efecto, los tribunales fueron facultados para interpretar tanto la ley fundamental como el derecho parlamentario, pero los miembros de la rama judicial, designados por el Presidente y ratificados por el Senado, también podían ser sometidos a juicio político por el Congreso.

Para proteger a la Constitución de alteraciones apresuradas, el Artículo V estipuló que las enmiendas a la misma debían ser propuestas por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso o por dos tercios de los estados, reunidos en convención. Las propuestas debían ser ratificadas por uno de dos métodos: ya sea por las legislaturas de tres cuartas partes de los estados o por convención en tres cuartas partes de los mismos, siendo el Congreso quien propondría el método que debía usarse.

Por último, la convención se enfrentó al problema más importante de todos: ¿cómo se ejercerían los poderes otorgados al nuevo gobierno? La decisión fue que el gobierno no debía ejercer su poder sobre los estados, sino sobre los habitantes de éstos, y que debía legislar para todos los individuos residentes del país y sobre todos ellos. Como piedra angular de la Constitución, la convención adoptó dos postulados breves, pero muy significativos:

El Congreso tendrá facultades... para dictar todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para el debido ejercicio de las... facultades que por esta Constitución se confieren al gobierno de Estados Unidos... (Artículo I, Sección 7)
   Esta Constitución y las leyes de Estados Unidos que en cumplimiento de la misma sean creadas, y todos los tratados previamente celebrados o que se celebren bajo la autoridad de Estados Unidos, serán la ley suprema de la nación y los jueces de estado estarán obligados a acatarla, aún cuando hubiere alguna disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier estado. (Artículo VI)

Así se hizo factible que las leyes de Estados Unidos se cumplieran lo mismo en los tribunales nacionales, por medio de sus propios jueces y alguaciles, que en los juzgados de los estados, mediante los jueces y los oficiales de la ley de esas entidades.

Aún hoy prosigue el debate sobre cuáles fueron los motivos de los autores de la Constitución. El historiador Charles Beard afirmó en 1913, en An Economic Interpretation of the Constitution (Una interpretación económica de la Constitución), que los padres fundadores defendían a los nacientes intereses capitalistas y comerciales que requerían un gobierno nacional fuerte. Pensó también que muchos pudieron ser motivados por el hecho de que poseían muchos bonos depreciados del gobierno. Sin embargo, el principal autor de la Constitución, James Madison, no tenía dichos bonos y era un hacendado de Virginia. A la inversa, algunos opositores de la Constitución tenían grandes cantidades de bonos y títulos. Los intereses económicos influyeron en el curso del debate, pero lo mismo ocurrió con los intereses estatales, sectoriales e ideológicos. Otro factor de igual importancia fue el idealismo de los autores. Por ser ellos mismos producto de la Ilustración, los padres fundadores idearon un gobierno que, a su juicio, alentaría la libertad individual y la virtud pública. Los ideales plasmados en la Constitución de Estados Unidos son un rasgo esencial de la identidad nacional del país.

LA RATIFICACIÓN Y LA CARTA DE DERECHOS

El 17 de septiembre de 1787, tras 16 semanas de deliberaciones, la Constitución fue firmada en su forma final por 39 de los 42 delegados presentes. Franklin, señalando el brillante medio sol pintado en el respaldo de la silla de Washington, dijo:

En el curso de la sesión he mirado varias veces... el respaldo [de esa silla] detrás del Presidente y no sabía si el sol ahí representado sale o se pone; pero ahora, en términos generales, me alegra saber que es un nuevo amanecer y no un sol poniente.

Cuando la convención terminó, sus miembros "se retiraron a la taberna de la ciudad, cenaron juntos y se despidieron con cordialidad". No obstante, aún tendrían que afrontar una parte crucial de la lucha para llegar a formar una Unión más perfecta: para que el documento redactado pudiera entrar en vigor, faltaba aún obtener el consentimiento de convenciones estatales popularmente elegidas.

La convención había decidido que la Constitución tendría vigencia cuando fuera ratificada por convenciones en nueve de los 13 estados. En junio de 1788, los nueve estados requeridos ya habían ratificado la Constitución, pero los grandes estados de Virginia y Nueva York aún no lo hacían. La mayoría de la gente sintió que, sin el apoyo de esos dos estados, la Constitución jamás sería respetada. Muchos pensaban que el documento estaba lleno de peligros: ¿acaso el gobierno central fuerte, establecido de acuerdo con esas disposiciones, no sería tiránico, no los oprimiría con impuestos onerosos y no los forzaría a hacer la guerra?

Las distintas opiniones en torno a estos puntos dieron lugar a dos partidos: los federalistas, que estaban a favor de un gobierno central fuerte, y los Antifederalistas, que preferían una asociación informal de estados separados.

En Virginia, los antifederalistas atacaron al nuevo gobierno propuesto e impugnaron la frase inicial de la Constitución: "Nosotros, el Pueblo de Estados Unidos". Los delegados arguyeron que si en la Constitución no se citaba el nombre de cada uno de los estados, éstos no podrían conservar sus derechos o facultades particulares. Los antifederalistas de Virginia estaban encabezados por Patrick Henry, quien llegó a ser el principal vocero de los granjeros del campo que temían al poder del nuevo gobierno central. Los delegados indecisos fueron convencidos por la propuesta de que la convención de Virginia recomendara una carta de derechos y los antifederalistas se unieron a los federalistas para ratificar la Constitución el 25 de junio.

En Nueva York, Alexander Hamilton, John Jay y James Madison pugnaron por la ratificación de la Constitución en una serie de ensayos conocidos como The Federalist Papers (Los documentos federalistas). Los ensayos, publicados en periódicos de Nueva York, plantearon un argumento hoy clásico a favor del gobierno federal central cuyas ramas ejecutiva, legislativa y judicial son entidades separadas que actúan como frenos y contrapesos unas de otras. Con la influencia de The Federalist Papers sobre los delegados de Nueva York, la Constitución fue ratificada el 26 de julio.

La antipatía por el gobierno central fuerte era sólo una de las inquietudes de quienes objetaban la Constitución; otra causa de igual preocupación para muchos era el temor de que ésta no protegiera suficientemente los derechos y libertades individuales. El virginiano George Mason, autor de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, fue uno de los tres delegados de la Convención Constitucional que se negaron a firmar el documento final porque en él no se especificaban las garantías individuales. Junto con Patrick Henry, él realizó una vigorosa campaña para que la Constitución no fuera ratificada por Virginia. De hecho, cinco estados, entre ellos Massachusetts, ratificaron la Constitución a condición de que se añadieran de inmediato enmiendas al respecto.

Cuando el primer Congreso se reunió en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1789, la exhortación a hacer enmiendas para proteger los derechos individuales fue prácticamente unánime. El Congreso adoptó en seguida 12 de esas enmiendas; en diciembre de 1791, el número necesario de estados ratificó 10 enmiendas para que fueran incorporadas a la Constitución. En conjunto son conocidas como la Carta de Derechos. Entre sus disposiciones figuran: la libertad de expresión, prensa y religión, y el derecho de reunirse en forma pacífica, protestar y exigir cambios (Primera Enmienda); la protección contra registros no razonables, incautación de propiedades y arresto (Cuarta Enmienda); el debido proceso judicial en todos los casos penales (Quinta Enmienda); el derecho a un juicio imparcial y expedito (Sexta Enmienda); la protección contra castigos crueles e inusuales (Octava Enmienda); y la disposición de que el pueblo conserva los demás derechos no mencionados en la Constitución (Novena Enmienda).

Desde la adopción de la Carta de Derechos, sólo se han agregado 17 enmiendas más a la Constitución. Aunque en algunas de las enmiendas ulteriores la estructura y las operaciones del gobierno fueron revisadas, en casi todas se respetó el precedente establecido en la Carta de Derechos y se ampliaron las garantías y libertades individuales.